El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), Lorenzo Vidal de la Peña, pidió ayer al Gobierno que encauce la cruzada contra las motorizaciones diésel y evite lanzar dardos sin fundamento contra esta motorización, cuando es un hecho que los nuevos Euro 6 emiten la misma cantidad de partículas que un gasolina, pero menos CO2 por ser más eficientes y consumir menos carburante.
Esta petición por parte de la patronal de la distribución se produce después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurara ayer categóricamente en el Congreso que el diésel tenía “los días contados” y que su impacto en la calidad del aire es “lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”.
Para Ganvam este tipo de declaraciones en las que se demoniza al diésel de forma generalizada condicionan la demanda porque meten en el mismo saco a modelos eficientes, evitando que sea el propio usuario el que elija de acuerdo a su criterio entre toda la oferta de motorizaciones limpias. De hecho, las matriculaciones de diésel representan ahora el 37% del total, cuando hace dos años alcanzaban el 75%.
Estas afirmaciones suponen además un efecto negativo para un sector económico estratégico como es la automoción porque tiran por tierra todo el esfuerzo y la inversión tecnológica realizada en reducir al mínimo el potencial contaminante de estos vehículos.
Según Ganvam, en lugar de dejarse llevar por prejuicios del pasado, el Gobierno debería cuidar el impacto de la movilidad sobre el entorno yendo a la raíz del problema: la antigüedad del parque, que ya supera los 12 años de media, con el impacto negativo que esto tiene para la siniestralidad y el medio ambiente.
De ahí que abogue por un plan de incentivo al achatarramiento que retire de la circulación los coches más antiguos y contaminantes y estimule la renovación con modelos eficientes de última generación con independencia del motor que los propulse.
Esta medida debe completarse con una reforma fiscal que, por un lado, suprima el Impuesto de Matriculación y, por otro, reoriente el Impuesto de Circulación para que se base en la emisiones en lugar de en la cilindrada y la potencia. Al vincularlo al CO2 y a la normativa EURO, con independencia de la tecnología que lo mueva, se asocia a la antigüedad del coche y por tanto, establece un sistema justo de discriminación por su potencial contaminante, puesto que la EURO regula también las emisiones de NOX, azufre, partículas e hidrocarburos.
Según Vidal de la Peña, “es temerario que la ministra haga estas declaraciones porque es evidente que no está teniendo en cuenta que con las tecnologías de hoy día el diésel expulsa menos gases de efecto invernadero, que es justo lo que nuestro país debe reducir para cumplir con los objetivos medioambientales a nivel internacional”.
